Resumen: Se interpone recurso de casación frente a sentencia desestimatoria de la Audiencia Nacional. La Sala se remite al criterio interpretativo fijado en la sentencia 999/2024, de 6 de junio (recurso de casación 2209/2023) que se reitera y señalando que, no cabe promover la alteración catastral por el otorgamiento unilateral del título por el propietario único del edificio destinado a alquiler de los locales existentes, hasta tanto no concurran los elementos constitutivos exigidos, en concreto hasta tanto no exista una pluralidad de propietarios.
Resumen: Se interpone recurso de casación frente a sentencia estimatoria de la Audiencia Nacional. La Sala en remisión a la doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia del Tribunal Supremo, Sección Segunda, núm. 999/2024, de 6 de junio de 2024 (recurso de casación núm. 2209/2023 , ECLI:ES:TS:2024:3038) señala que, no cabe promover la alteración catastral por el otorgamiento unilateral del título por el propietario único del edificio destinado a alquiler de los locales existentes, hasta tanto no concurran los elementos constitutivos exigidos, en concreto hasta tanto no exista una pluralidad de propietarios.
Resumen: No cabe promover la alteración catastral por el otorgamiento unilateral del título por el propietario único del edificio destinado a alquiler de los locales existentes, hasta tanto no concurran los elementos constitutivos exigidos, en concreto hasta tanto no exista una pluralidad de propietarios.
Resumen: La sentencia analiza la cuestión con interés casacional relativa a si resulta procedente una alteración catastral derivada de la constitución del régimen de propiedad horizontal por el propietario único de un edificio, en los casos en que éste no ha iniciado la venta de los distintos pisos o locales resultantes de la división, ni ha manifestado la intención de venderlos, por ser otro el destino asignado al inmueble. La sentencia se remite a la argumentación y doctrina ya fijada en la STS de 6 de junio de 2024 (rec. 2209/2023) y concluye que no cabe promover la alteración catastral por el otorgamiento unilateral del título por el propietario único del edificio destinado a alquiler de los locales existentes, hasta tanto no concurran los elementos constitutivos exigidos, en concreto hasta tanto no exista una pluralidad de propietarios. En aplicación de dicha doctrina, estima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado, casa y anula la sentencia de la Audiencia Nacional y, en su lugar, desestima el recurso contencioso-administrativo de la mercantil propietaria del inmueble.
Resumen: No cabe promover la alteración catastral por el otorgamiento unilateral del título por el propietario único del edificio destinado a alquiler de los locales existentes, hasta tanto no concurran los elementos constitutivos exigidos, en concreto hasta tanto no exista una pluralidad de propietarios.
Resumen: Reiterando lo declarado por la STS de 19 de noviembre de 2023 -rec. 8427/2023-, en un supuesto como el enjuiciado, y ante un contrato atípico como el descrito y examinado en esta sentencia, las remuneraciones recibidas por una persona física que adquiere la condición de avalista de una sociedad de la que es partícipe, en operaciones realizadas por la entidad con terceros, previamente por él examinadas y aprobadas, deben calificarse como rendimientos del capital mobiliario del artículo 25.4 LIRPF y se integran en la base imponible general del impuesto.
Resumen: Si el sujeto pasivo del IRPF no llevó a cabo actividades económicas empresariales o profesionales, pero obtuvo rendimiento del capital inmobiliario por la cesión de un inmueble y calculó la amortización conforme a lo previsto en la Orden Ministerial 27 de marzo de 1998, inicialmente prevista solo para los inmuebles afectos a una actividad económica, cuando en un momento posterior proceda a su transmisión, no tendrá que aplicar la amortización máxima del 3% sobre el coste de adquisición satisfecho o el valor catastral y sí podrá aplicar, para determinar el valor de adquisición de inmueble, otra inferior que encaje en el concepto de amortización mínima del artículo 35 de la LIRPF, calculada sobre el plazo máximo de amortización.
Exista, o no, una verdadera infraestructura empresarial a través de la ordenación por cuenta propia de medios personales, materiales, capital o recursos, el artículo 27.2 de la LIRPF solo exige para que el arrendamiento de inmuebles se realice como actividad económica, que «[p]ara la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. [...]». Esta exigencia, esencialmente formal, ni altera ni modifica sustancialmente la realidad económica y mercantil como para explicar la restricción y la imposibilidad de que un contribuyente complete, a falta de mayor precisión por parte de la LIRPF, el concepto de amortización mínima a través de la Orden Ministerial 27 de marzo de 1998.
Resumen: La Sala, valorando la incidencia de la STJUE de 28 de junio de 2022, desestima el recurso y concluye que no cabe apreciar la concurrencia de una infracción del Derecho de la Unión suficientemente caracterizada en el supuesto reclamado por la vía de la responsabilidad patrimonial del estado legislador, en este caso en lo que atañe al régimen jurídico de las ganancias patrimoniales no justificadas regulado en el artículo 39.2 de la Ley del IRPF.
Resumen: Resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una empresa distribuidora contra la Orden TED/749/2022, que fijó incentivos por reducción de pérdidas y la retribución de la actividad de distribución eléctrica para 2016-2019. La demanda solicitaba la nulidad parcial de la Orden y el reconocimiento de mayores importes en los conceptos IBO (inversiones en activos no eléctricos) y ROMNLAE (operación y mantenimiento no ligados a activos eléctricos), así como la revisión de actos posteriores.
La Sala analiza el marco normativo (Ley 24/2013 y RD 1048/2013) y la metodología retributiva basada en costes necesarios y eficiencia. Estima parcialmente la pretensión al reconocer como IBO la inversión en armario de control (6.530 €) y en fibra óptica (61.393,88 €), por considerarlas necesarias para la actividad de distribución. En ROMNLAE, admite determinados gastos de mantenimiento de sistemas de telecontrol y SCADA, tareas del centro de control, uso de aplicaciones CIDE, arrendamiento parcial de oficinas (20 %), mantenimiento vinculado a dichas oficinas y costes por mantenimiento de vehículos, rechazando otros por falta de acreditación o duplicidad. El Tribunal declara la nulidad parcial de la Orden en lo relativo a las cantidades reconocidas como IBO (2019) y ROMNLAE (2017), incrementando la retribución en los términos fijados en la sentencia. Se desestiman las demás pretensiones, incluida la revisión de actos posteriores.
Resumen: La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 175 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con su artículo 41.5, a fin de determinar si es exigible una previa declaración de fallido y luego un procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria para reclamar una deuda derivada de la concesión de una subvención a los socios de una sociedad disuelta tras un concurso voluntario.
